Balcón Político: Antes de la Consulta, una marcha opositora

Por Carlos Camacho

Apenas la semana pasada, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Barcena Ibarra, y el gobernador Julio Menchaca Salazar, hablaban de las bondades del proyecto de construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo (PERH) y ya diversos grupos defensores del medio ambiente, anunciaron una marcha de rechazo, que se realizará el próximo sábado.

Un día después (domingo 14 de diciembre), el gobierno, con apoyo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), organizará una consulta ciudadana, precisamente, para que la gente participe y con su voto decida si va o no el proyecto, uno de los cien compromisos anunciados el primero de octubre del 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Algo no conecta entre el gobierno y la ciudadanía; no se ha logrado socializar una acción del gobierno federal, que, en teoría, permitirá saldar una deuda histórica ambiental con los habitantes de la región de Tula.

Desde el gobierno, ven grupos que tratan de politizar el tema y ni las 127 asambleas informativas, que ha realizado la secretaría de Gobierno, han sido suficientes para convencer a los ciudadanos de los beneficios que les traerá este proyecto.

Primero fueron los habitantes de la comunidad de Doxey, municipio de Tlaxcoapan -donde se construirá la planta de reciclaje- los que se opusieron y en una de las asambleas informativas dominicales, de plano corrieron a los funcionarios que pretendían convencerlos de que no se trata de un basurero, en el que tirarán sus desechos una decena de estados de la república, incluidos el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

Ayer salieron otros grupos defensores del medio ambiente, que anunciaron una marcha de oposición al proyecto. El punto de concentración será precisamente la comunidad de Doxey y se reunirán justo donde se encuentran los terrenos que en principio fueron destinados a la construcción de la fallida refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los manifestantes piden de las autoridades, acceso a la documentación técnica del proyecto y exigen que cualquier decisión sobre el mismo se tome bajo criterios científicos, ambientales y de interés público.

Hay que insistir, algo no embona entre el gobierno y la ciudadanía, que incluye, desde luego, los conflictos políticos en los que se ven inmersos tanto los funcionarios de gobierno como los grupos locales, algunos opositores a la 4T.