Balcón Político: Ley de Protección a Periodistas

Por Carlos Camacho

El 27 de agosto del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y la Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, que se convirtió en letra muerta a la hora de ser requerida por los “beneficiarios” de la misma cuando sus derechos eran vulnerados en el desempeño de sus labores, fuera por agresiones verbales o hasta físicas.

Desde entonces, periodistas, legisladores y, de repente, autoridades gubernamentales han buscado retomar el hilo y generar las herramientas legales que protejan a defensores de derechos humanos y periodistas, particularmente cuando en el ejercicio de su labor tocan fibras sensibles o, como en los operativos policiacos, los guardianes del orden arremeten contra los comunicadores, al considerar que “contaminan” la escena de un evento que no debe difundirse.

Pues bien, mañana se dará un nuevo intento para contar con una ley que proteja y garantice el desempeño de sus funciones, apegadas siempre al marco de la ley, pero que también ponga freno a los abusos de la autoridad.

En el pleno de la Cámara de Diputados, será presentada la iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Hidalgo que busca establecer mecanismos para la protección de periodistas en situación de riesgo derivado del ejercicio de su profesión, incluyendo medidas de prevención, protección y atención urgente.

La ley contempla crear un Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, que contará con una Junta de Gobierno, integrada por el titular de la Oficina de Comunicación Social y Agencia Digital (Edmundo Pineda), el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Salvador Cruz Neri).

Además de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (Rebeca Aladro) y cinco periodistas designados por las asociaciones de periodistas y/o comunicadores en activo con al menos cinco años de labor.

Esta ley ordena a las dependencias gubernamentales estatales a capacitar a los servidores públicos que tengan trato directo con periodistas, con el fin de que conozcan y respeten las disposiciones de ley, garantizando así la protección y el libre ejercicio de la labor periodística.

Se cresará un programa de capacitación y sensibilización dirigidos a servidores públicos, particularmente a quienes integran los cuerpos de seguridad pública, personal ministerial y autoridades municipales.

La Procuraduría General de Justicia, a través de la Fiscalía correspondiente, emitirá acreditaciones oficiales a periodistas en el ámbito estatal, previa verificación del cumplimiento de criterios objetivos relacionados con la experiencia, la formación profesional y el ejercicio responsable de la labor informativa.

Se aclara que “la tramitación de la acreditación será facultativa para las personas periodistas, quienes podrán decidir libremente si desean gestionarla o no.

Hasta aquí algunos puntos de lo que contiene la iniciativa que mañana se presentará en la LXVI Legislatura local para su análisis, discusión y posterior aprobación o rechazo por parte de los legisladores, de los cuales el bloque mayoritario es de Morena. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de HGONLINE.