Dos vinculados a proceso y 31 esperan audicencia inicial; saldo tras detención en Cementera Cruz Azul

Por Jonathan Torres

Pachuca, Hgo., 16 de Febrero de 2026- Los detenidos tras la ejecución de una orden judicial para asegurar la planta de cemento Cruz Azul en Tula de Allende se encuentran con prisión preventiva justificada, en su mayoría por resistencia de particulares y pandilla, mientras otros por portación de arma de fuego y narcóticos, informó el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal dio datos después del operativo que se montó el pasado 12 de febrero en este punto del estado al cumplimentarla orden judicial 40/2026, misma que ejecutó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con apoyo de la PGJEH.

De tal acción para el resguardo de este inmueble, hubo 33 personas puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, cuyo fin de semana sirvió para la realización de las audiencias iniciales, donde dos personas fueron vinculadas a proceso por portación de arma de fuego, narcomenudeo y se mantienen en prisión preventiva justificada, dijo Hasbun.

Añadió, una persona más es investigada por resistencia de particulares, pandilla, así como portación de arma de fuego, quien solicitó la duplicidad del término constitucional de las 144 horas para definir su situación legal y permanezca en medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Mientras que 30 personas más enfrentan proceso penal por resistencia de particulares y pandilla, los cuales se acogieron a la disposición del término constitucional de las 144 horas para definir su situación legal y permanecer con la media cautelar de prisión preventiva.

Fernández Hasbun subrayó que la reanudación de la audiencia continuará el 19 de febrero a las 8:30 de la mañana.

Confirmó que ante los daños generados a las patrullas por parte de inconformes ya se interpusieron las denuncias correspondientes por parte de las autoridades afectadas.

Mientras que hay también dos carpetas de investigación, por delitos contra la libertad de expresión, lesiones y daños en propiedad y robo, derivado de denuncias que hicieron periodistas, señaló Fernández Hasbun.