Balcón Político: Celosos de su deber
- liliana820
- 19 ene 2023
- 2 Min. de lectura
Carlos Camacho
La necesidad y la carencia de recursos económicos ha vuelto la siguiente acción en una práctica común que en ocasiones tiene consecuencias penosas como la que aquí se describirá.
Ayer, tres vecinos del municipio de Chapulhuacán, pidieron a un vecino trasladarlos en su camioneta a Pachuca, para recibir atención médica, algo que se hace comúnmente en comunidades alejadas de la capital del estado y con el propósito de abaratar los costos del traslado, pues rentar un auto, usar el transporte público, es mucho más costoso.
Al llegar a Pachuca, los enfermos y el chofer fueron interceptados por personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT), pues les advirtieron que esa práctica estaba prohibida, pues una unidad particular no puede brindar servicio de transporte público y por eso serían sancionados.
El chofer de la camioneta argumentó que el viaje se debía a que transportaba a tres personas enfermas que requerían atención y lo que cobraba eran los gastos de combustible y una pequeña paga para él por el servicio.
Esa fue razón suficiente para asegurare el vehículo e impedir que los enfermos llegaran a su destino y tuvieron que ser regresados a su lu7gar de origen, sin cumplir con su objetivo.
El conductor de la camioneta, pidió entonces que le expidieran la infracción respectiva por su falta, pero en lugar de eso, le fue asegurada la unidad que hasta hoy no le ha sido devuelta.
No es algo extraordinario que en municipios de la sierra, la huasteca o el Valle del Mezquital, pidan apoyo de un vecino , familiar o amigo, para traerlos de sus sitios de origen a la capital hidalguense, particularmente cuando de enfermos se trata, y cooperen con el costo delo combustible y den un dinero al conductor, para apoyarlo económicamente.
De ese modo todos se ayudan y reducen el costo que se tendría que cubrir si el traslado se hiciera en una unidad del transporte público que, por ejemplo, por un traslado de Chapulhuacán a Pachuca, cobraría alrededor de ocho mil pesos.
En este caso, el costo para los enfermos y sus familiares se redujo a menos de la cuarta parte, pero no contaban con que serían detenidos por el personal de la SEMOT que se encarga de vigilar que vehículos particulares eviten hacer labor de transporte público, considerada como “pirataje”.
De nada valieron los argumentos de que se trataba de ayudar a los enfermos y evitar lesionar más su de por sí precaria economía.
Al final, los enfermos fueron devueltos a su tierra, la camioneta detenida y el chofer sin saber qué hacer pues ni infracción ni devolución de la unidad.
Todo gracias a unos cumplidos servidores públicos, celosos de su deber e insensibles ante la situación de los afectados.









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