Balcón Político: Corrupción e impunidad

Por Carlos Camacho 

Pareciera que el hombre cada vez es más proclive al dinero fácil, al robo, el saqueo y la disposición para beneficio personal del dinero público que le ha sido asignado para atender las necesidades de sus congéneres. 

Al menos así lo muestran. Un día sí y otro también, las autoridades encargadas de indagar y llevar a juicio a aquellos funcionarios de gobierno, estatal o municipal, que han incurrido en la comisión de delitos diversos en perjuicio de las arcas públicas. 

Apenas ayer, el secretario de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó que se haya una lista de 25 ex presidentes municipales, a quienes se les fincarán responsabilidades por malos manejos en sus gestiones, algunos por la mala realización de obras públicas y otros por malos manejos administrativos. 

Pero también notamos cómo otros ex funcionarios, echando mano de cuestiones legales, van quitando peso a sus ilegalidades, como ocurrió recientemente con el ex Oficial Mayor del gobierno de Omar Fayad Meneses y su ex director de Radio y Televisión de Hidalgo, que, mediante amparos legales, lograron pasar de la prisión preventiva justificada a la prisión domiciliaria. 

El Primero, Martiniano “N”, fue acusado por el desvío de 18.2 millones de pesos destinados a la compra de 34 mil litros de jabón antiséptico durante la pandemia. La compra nunca se concretó, pero el dinero si se dispuso y no se sabe bien a bien en qué manos quedaron. 

Aunque libró la prisión preventiva en una causa, pero enfrenta otras dos por lo que seguirá preso hasta en tanto se decida su suerte legal y se le dicte sentencia, sea condenatoria o absolutoria. 

El otro Christian “N”, fue responsabilizado de haber provocado la pérdida de 11 concesiones de radio, que no se renovaron a tiempo. El sí salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) para continuar su proceso en casa. 

Álvaro Bardales, se refirió también al caso del ex alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, último representante del PRI en el gobierno de la capital hidalguense, quien habría pagado nueve millones de pesos a una empresa de asesoría y tener una larga lista de “aviadores”. 

Otro que parece haber caído en la tentación del dinero es David Saúl Tenorio Grimaldo, ex director de Prevención y Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), quien fue separado de su cargo acusado de recibir pagos mensuales por alrededor de 34 mil pesos, por personas que están recluidas en el Cereso de Pachuca, a cambio de ciertos privilegios y comodidades dentro del penal. 

De seguir en esta línea, la lista de presuntos inocentes se extendería al infinito…y más allá. 

Aunque, lo que realmente preocupa a la ciudadanía no es sólo saber que sus gobernantes o sus representantes populares, han aprovechado sus cargos para enriquecerse hasta la ignominia, sino que, gracias a sus aguzados abogados, logran evadir a la justicia y caminan por la vida con total impunidad. 

Por eso, no basta con sólo descubrir sus delitos y darlos a conocer públicamente, se requiera que sean castigados conforme a la ley y que eso sirva de escarmiento a quienes los suceden en los cargos, porque de lo contrario, seguiremos viendo cómo son exhibidos los políticos, pero nunca sancionados o con la aplicación de penas mínimas que animan a otros a ir por la ruta de la corrupción y la impunidad. 

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