Balcón Político: Desaparecer institutos y tribunales electorales | Carlos Camacho

Pachuca, Hgo., 1 de noviembre del 2022.- Partidos políticos, gobiernos y actores de la sociedad, vuelven a confrontarse al comenzar la discusión relacionada con la propuesta presidencial de reforma electoral, que para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende acabar con la corrupción en procesos electorales, pero para sus adversarios significa acabar con la democracia en el país.

Bueno, hasta el clero se ha pronunciado en contra de la pretensión obradorista que en el Congreso de la Unión impulsa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al señalar que aprobar la iniciativa presidencial pondría en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.

De prosperar y ser aprobada la iniciativa presidencial, entre otras cosas, desparecerían los Organismos Electorales Locales (OPLEs) y los tribunales electorales locales, además de reducirse el número de curules en los congresos locales, de espacios en las asambleas municipales.

En Hidalgo, poco se ha abordado el tema, pero a nivel nacional ha vuelto a confrontar dos visiones de país, entre quienes están de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus iniciativas, y los que ven en sus políticas errores constantes y un retraso en el desarrollo de nuestra nación.

Apenas, esta semana en su conferencia mañanera, López Obrador se volvió a referir al tema y negó que vayan a desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), eso sí, dijo estar por la implementación del voto electrónico, como ocurrió el domingo anterior en Brasil, donde Luiz Inacio Lula Da Silva, volvió ganó la presidencia de ese país.

De acuerdo con la propuesta presidencial, impulsada por Morena, se busca con la reforma constitucional, cambiar el INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); que consejeros y magistrados electorales sean elegidos con el voto popular; centralizar la organización de todas las elecciones del país; desaparecer los OPLEs y los tribunales electorales locales.

Reducir de 500 a 300 el número de diputados federales; reducir el tamaño de los congresos locales según el tamaño de su población; reducir el número de regidores y concejales de las alcaldías por criterio poblacional.

También se pretende reducir el financiamiento ordinario a partidos políticos y mantener el financiamiento público para campañas, así como implementar el voto electrónico.

Los partidos opositores a Morena y hasta la Conferencia del Episcopado Mexicano, se oponen a tal pretensión, con el argumento de que dicha reforma es “regresiva y un agravio a la vida democrática del país”.

A través de un comunicado, el clero mexicano, manifiesta su “franca preocupación y se oponen a la propuesta de reforma impulsada por AMLO y sugiere: “no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.

La discusión apenas comienza.