Balcón Político: Detenciones y juicios por la Estafa Siniestra

Por Carlos Camacho

Siempre será tentador para cualquier ser humano, o casi para cualquiera, recibir la oferta de cometer un ilícito si con esta acción se obtendrá un beneficio económico y esa parecería la razón por la que funcionarios del anterior gobierno y presidentes municipales que están por concluir sus gestiones, se rindieron ante la “Estafa Siniestra”, que parecía haber entrado en un receso pero que este fin de semana se reactivó con la detención del ex administrador de la CAASIM y el ex alcalde de Tizayuca.

Aunque varios de los involucrados y que han sido detenidos, argumentan en su defensa de que no actuaron solos y difícilmente podrían negarse a una “sugerencia” de ese calibre, cuando la orden venía de muy arriba.

Hubo quienes como Tatiana Angeles Moreno, presidenta municipal de Actopan y candidata electa a diputada federal, reveló en su momento la forma en que se “invitaba” a los alcaldes a formar parte de esta trama financiera, a cambio de una parte de lo recibido para obras en su municipio, pero una mayor tajada con destino indefinido.

Se presume que todo este entramado tenía como propósito juntar recursos para la campaña de quien el entonces gobernador Omar Fayad Meneses, pretendía que fuera el candidato a sucederlo, en las elecciones del 2022. Pero como no surtió efecto su estrategia, no se sabe qué pasó con el dinero, salvo el que recibieron los presidentes municipales, alrededor de 13, unos de ellos decidieron regresar los recursos, otros se resistieron y son perseguidos por la justicia.

Este domingo fue detenido y puesto tras las rejas, Gabriel García Rojas, que gobernó dos periodos el municipio de Tizayuca (2006-2009 y 2016-2020) y aspiraba a un tercer período, postulado por la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Se le acusa de los presuntos delitos de peculado agravado y uso de atribuciones y facultades, al suscribir contratos por 82 millones de pesos, que presumen un daño al patrimonio del municipio que aspiraba a gobernar por tercera vez.

También la acción de la justicia le llegó a Salvador Torres Arqués, director de Administración y Finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Servicios Intermunicipales (CAASIM), en la gestión de Omar Fayad Meneses y cuando fue director del organismo, Abraham Rubluo Parra.

El ex funcionario fue detenido en la Ciudad de México, acusado de haber contratado los servicios de la firma Nort Solutions R.C de C.V., que brindaría servicios de asesoría para preparación, alineación, evaluación y gestión con fines de certificación en atención ciudadana en el sector público por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por lo que CAASIM pagó 44 millones de pesos, sólo que el servicio nunca hizo.

También fue detenido Aldo Araujo Martínez, director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno, cuando el titular era Simón Vargas Aguilar, quien saltó de un gobierno priista a las altas esferas de Morena, pues pretende incrustarse en la 4T y prestarle sus servicios al gobierno federal a partir del 1 de octubre.

A Araujo Martínez, se le vincula con la gestión de un crédito por 20 millones de pesos, en una acción que, además, involucra al alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla.

Y, para rematar, un Tribunal de Enjuiciamiento, encontró culpable a Sergio Islas Olvera, de los delitos de peculado por el presunto desvío de 242 millones de pesos, en el año 2012, en una acción relacionada con la “Estafa Maestra”.

Estas acciones nos indican que la maquinaria de la justicia camina, pero la pregunta incómoda es, si de todas estas acciones no estaban enterados los jefes de los involucrados, a quienes no se les ha tocado hasta ahora.