Balcón Político: Justicia Salarial

Por Carlos Camacho

A nivel nacional, seis millones de trabajadores comenzaron el año con una mejora salarial del 20 por ciento, con respecto a sus percepciones del año pasado y a nivel estatal, la burocracia sindicalizada y de confianza del poder ejecutivo estatal, también recibió el año nuevo con mejoras sustanciales en sus ingresos mensuales.

En ambos casos, son actos de justicia salarial para los sectores más golpeados por la situación financiera del país, que por lo pronto les animan a enfrentar su situación con el ánimo que representa saber que se va reduciendo de a poco la franja entre el ingreso y el poder adquisitivo de cada familia, sobre todo en la clase trabajadora de este país.

El 12 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que autoriza un aumento del 20 por ciento al salario mínimo general, con un impacto directo en seis millones de mexicanos y sus respectivas familias. Dicho incremento entró en vigor el primero de enero de este año.

También, a finales del año pasado, el gobernador Julio Menchaca Salazar anunció una serie de ajustes a los ingresos de los burócratas del estado, que les permitirán tener un mejor ingreso, tanto a sindicalizados como a trabajadores de confianza ubicados en los niveles más bajos del escalafón.

En el caso del aumento al salario mínimo, las estadísticas dicen que al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el salario mínimo general era de dos mil 650 pesos mensuales. Este año será de siete mil 468 pesos, un aumento del 110 por ciento.

Y para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el aumento es mayor, pues cada trabajador percibirá 374.89 pesos diarios, superiores a los 248.93 que percibirán los trabajadores en el resto del país.

Las cifras indican que en el 2018, el salario mínimo general era de 88.40 pesos diarios; en el 2019, 102.70; en el 2020, 123.20; en el 2021, 141.76; en el 2022, 172.90; el año pasado, 207.40 y a partir del primero de enero de este año, es de 248.93 pesos.

Con ese salario, de acuerdo con el Coneval, se cubre alrededor del 80 por ciento de la canasta básica y no básica de una familia promedio de cuatro integrantes y el temor fundado en el sector laboral es que la inflación impacte negativamente en el ingreso de las familias, que le impidan nivelar sus ingresos con la capacidad económica para cubrir sus necesidades básicas.

Por lo que toca a los trabajadores del Poder Ejecutivo, el gobernador Julio Menchaca Salazar, anunció días antes de concluir el año, que se otorgaría un bono de fin de año y cambiar el nivel escalafonario, en beneficio de quienes se ubican en la parte más baja de esa tabla.

Así que, a partir de este mes, los trabajadores ubicados entre los niveles dos y seis, subirán al siete; en tanto que los trabajadores de confianza, de los niveles tres a siete, pasarán al nivel 8A.

De ese modo llega la justicia salarial a los sectores más golpeados por diversos factores que impiden cubrir los satisfactores mínimos en cada hogar.