Balcón Político: La cultura de la denuncia

Carlos Camacho

A través de la Secretaría de la Contraloría, el gobierno estatal, busca fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana en contra de aquellos funcionarios públicos que incurran en la comisión de algún delito, para de ese modo inhibir esta práctica histórica que daña seriamente la imagen de nuestros políticos y gobernantes y, sobre todo, los recursos que debieran destinarse en beneficio de la ciudadanía a través de programas de apoyo y obras de desarrollo comunitario, que finalmente van a engrosar las cuentas y propiedades de quienes han hecho del servicio público una forma de enriquecimiento ilícito.

Esta semana, la dependencia encargada de revisar el correcto manejo de los recursos públicos y la pulcra actitud de los servidores públicos, anunció una campaña con ese propósito con la promesa de la secrecía para aquellas personas que se atrevan a denunciar a aquellos servidores públicos que, desde su óptica, estén o hayan incurrido en algún acto ilegal.

Desde esa institución se dijo que “muchos de los actores contra la corrupción” están siendo amedrantados, intimidados y atacados en redes sociales para desalentar su actuación contra la impunidad.

Es precisamente la impunidad la que no ha permitido inhibir la corrupción en el entendido de que quien comete un acto ilícito en el cumplimiento de sus funciones, sabe que no pasará nada y su actuación no será sancionada por ninguna autoridad.

Ejemplos tenemos muchos y la ciudadanía sabe que su denuncia quedará sólo en eso, con el riesgo de que si la persona que delató a un funcionario, sea su compañero de trabajo, su jefe o alguna otra persona cercana, corre el riesgo de sufrir las consecuencias, con el despido por su osadía de acusar al jefe corrupto.

Hoy, justamente, el gobierno que comenzó hace cuatro meses, ha dado muestras de que las cosas sí podrán ser diferentes, desde el momento en que se han iniciado acciones judiciales contra funcionarios municipales y ex funcionarios del gobierno anterior.

Por lo pronto, hay cinco presidentes municipales detenidos y otros ocho en la antesala de la cárcel, por haber participado en lo que se denominó como la “Estafa Siniestra”, esa mediante la cual se pretendían recaudar fondos para impulsar la campaña político-electoral del PRI, siempre y cuando el candidato hubiera sido el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto.

Pero las indagatorias van más allá y se enfocan hacia por lo menos tres altos funcionarios de la anterior administración, en las que se incluyen al Oficial Mayor, Martiniano Vega Orozco y al ex Secretario de la Contraloría, César Román Mora Velázquez, aunque la lista podría extenderse a otros ex funcionarios del gobierno de Omar Fayad.

Es de esperarse que estas acciones se concreten en sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de los delitos que se les imputan, sirvan de ejemplo para los nuevos funcionarios del gobierno de Julio Menchaca, que deberán regirse por la máxima obradorista: no mentir, no robar y no traicionar.