Balcón Político: La polémica “Ley Chayote”

Carlos Camacho

La Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC), que encabeza la alcaldesa panista de León, Guanajuato, anunció la promoción de amparos en contra de la Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor y que en su artículo 26 ordena limitar el gasto en publicidad a 0.2 % del presupuesto de cada uno de los poderes de la Unión, incluidos estados y municipios.

La aprobación de esta ley, el 27 de diciembre, generó reacciones de representantes de medios de comunicación en el país, pues hay temor fundado de que para el caso de Hidalgo, el gobierno estatal y los municipios apliquen dicha medida que pondría en riesgo la viabilidad de muchos medios de comunicación.

De hecho, el gobierno municipal de Tulancingo, fue el primero en anunciar a sus proveedores, respecto de la imposibilidad de mantener los convenios de publicidad que mantiene con ellos, como consecuencia de la aplicación de la ley.

Ahora, son los municipios panistas en Hidalgo, los que se sumaron a lo anunciado por la ANAC, de promover amparos contra dicha ley en al menos unos 300 municipios del país, donde gobierna Acción Nacional.

Para el gobierno federal, el recorte implica que dispondrá de unos ocho mil millones de pesos para difundir sus acciones de gobierno, pero la misma ley asfixia a los otros poderes y órdenes de gobierno.

Con esta nueva disposición, se estarían violando dos principios: el federalismo, por lo que toca a la autonomía presupuestal que concede el artículo 115 constitucional y, el derecho a la información, por lo que toca a la necesidad de comunicar.

Otros que se han inconformado son las dirigencias nacionales del PRI y PAN; que consideran que la aplicación de estas nuevas disposiciones legales, afectarán al INE pues haría imposible cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 134 Constitucional. Por lo que toca a Hidalgo, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, se aprobó en noviembre pasado y prácticamente está etiquetado, por lo que difícilmente se aplicarían los recortes en las tareas de comunicación social de este año.

Guillermo Antonio Flores, que produce un proyecto digital denominado A Tiempo TV, en Coahuila, fue el primer comunicador en promover un amparo indirecto en el Juzgado Quinto de Distrito, en Coahuila, argumentando que la nueva ley contraviene los artículos Sexto y Séptimo Constitucionales, que se refieren al derecho a la información y a la libertad de expresión.