Balcón Político: La Reforma Judicial no garantiza justicia para el pueblo

Por Carlos Camacho

La Reforma Judicial, tal como está propuesta, no toca ni por asomo al pueblo que es con el que se escuda el gobierno federal para que sea éste el que vote por magistrados, jueces federales y estatales. Una verdadera reforma tendría que ir de abajo hacia arriba, comenzar por una sacudida en los ministerios públicos, juzgados de primera instancia y hasta jueces conciliadores.

La propuesta del gobierno federal y su partido (Morena) no se acerca a la base de los problemas de corrupción e impunidad que afectan a nueve de cada 10 personas que demandan justicia cuando son víctimas de algún ilícito.

Quien demanda justicia es la madre golpeada por el marido, la esposa que demandó al ex marido por pensión alimenticia, el dueño del comercio que fue atracado, el vecino al que le robaron su auto, el comerciante que tiene que pagar derecho de piso a los delincuentes.

Esos son los excluidos de esta polémica propuesta que ni con la remoción de magistrados y jueces resuelve el problema de fondo.

Tal reflexión es del abogado y notario público, Gerardo Martínez Martínez, con experiencia en temas de justicia de más de 35 años, quien en una charla informal aborda la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pone como escudo de su planteamiento al pueblo de México, el que con su voto decidirá quienes serán los encargados de juzgar quien es culpable o no, en un asunto judicial.

El gobierno equivoca el rumbo, pues para acabar con la corrupción y la impunidad, se necesita una sacudida en las áreas de procuración de justicia “desde abajo”, en la revisión a fondo de los juzgados conciliadores, los jueces locales y las agencias del Ministerio Público, donde la aplicación de la justicia se atora, pone trabas y el ciudadano común no puede acceder a la justicia, cuando se ha cometido el delito en su contra.

“Un edificio se construye desde sus cimientos y pareciera que en este caso, la base de la justicia para el pueblo, se quiere construir desde arriba. Así no son las cosas”, reflexiona el abogado, que fue servidor público en el gobierno de Jesús Murillo Karam y antes, director del Instituto de Ciencias Contables y Administrativas (ICCA) de la entonces Universidad Autónoma de Hidalgo.

Cuestiona también la decisión del Congreso local de retrasar un año más la conversión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a Fiscalía, asunto que debía haberse aprobado en septiembre de este año, pero los legisladores locales encargados del asunto, pidieron una prórroga de un año, por lo que será la LVI Legislatura, que entra en septiembre y será dominada por la mayoritaria bancada de Morena, la que analice y vote la reforma, que tiene a Hidalgo sin transitar de Procuraduría a Fiscalía.

Martínez Martínez, tampoco cree que dejando en manos del pueblo la votación de los magistrados y jueces, se resuelva el problema de fondo: acabar con la corrupción y la impunidad, y que con esa medida verdaderamente la justicia llegue al pueblo.