Balcón Político: Palabras de desaliento

Carlos Camacho

Al menos esa es la sensación que queda al conocer las declaraciones del secretario de la Contraloría del gobierno estatal, Alvaro Bardales Ramírez, cuando se refiere a que tardará al menos siete años en resolverse el caso Accendo y que difícilmente se podrán fincar responsabilidades a la ex secretaria de Finanzas del gobierno anterior, Jesica Blancas Hidalgo, como presunta responsable del desvío de 807 millones de pesos programados para obras de infraestructura y que se destinaron a la especulación financiera.

En otro sentido, anima saber que los alcaldes de Tlahuelilpan y Pisaflores se sumaron a la lista de 13 alcaldes que enfrentan responsabilidades por haber participado en la denominada “Estafa Siniestra”, como parte de la lucha contra la corrupción que ha emprendido el gobierno de Julio Menchaca Salazar.

Pero, hasta ahora con respecto a los ex secretarios de la Contraloría César Mora Velázquez y el ex Oficial Mayor, Martiniano Vega Orozco, contra quienes se habían iniciado carpetas de investigación, tampoco hay avances, mientras que el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Santiago Nieto Castillo, se da tiempo para promover la precandidatura del Secretario de Relaciones Exteriores (SER) a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard y al mismo tiempo mantiene encendida la idea de ser candidato al gobierno de Querétaro.

Por lo que toca al primer caso, el contralor Alvaro Bardales, declaró a los medios de comunicación que, por lo pronto no se presentará denuncia penal contra Jesica Blancas por el caso Accendo, hasta que se defina su situación en los tribunales federales y el concurso mercantil al que se sometió.

Los 807 millones de pesos que se depositaron en Banca Accendo, fueron tomados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAI(S), es decir, era dinero destinado a obras y acciones en favor de las comunidades más pobres del estado.

Bardales Ramírez, dijo que los 807 millones de pesos “no están perdidos”, están en un banco (no dijo cuál) y sujeto a concurso mercantil, que para resolverse tarda entre cinco y seis años.

Con lo antes expuesto, se aprecia que la guerra contra la corrupción no es fácil y quienes han incurrido en actos ilegales han tenido cuidado de evadir la acción de la justicia hasta donde se pueda, salvo en el caso de la Estafa Siniestra en la que algunos alcaldes se han acogido al criterio de oportunidad, han decidido coadyuvar en la investigación para llegar a otros niveles de responsabilidad y algunos también han regresado el dinero que recibieron del gobierno estatal para supuestamente ejecutar obras de infraestructura y atender los problemas generados por el Covid-19.