Balcón Político: Votar o no votar, esa es la cuestión

Por Carlos Camacho

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice en sus artículos 36.III y 38.I que votar es una obligación de los ciudadanos mexicanos, luego entonces, se puede anticipar que el próximo domingo entre el 80 y 90 por ciento de los ciudadanos en edad de sufragar, incumplirá con esa disposición constitucional y se haría acreedora a la pérdida de sus derechos político-electorales durante un año.

Por supuesto que esa sanción no se aplicará a aquellos que han decidido de manera anticipada no participar en la elección extraordinaria de nuevos integrantes del Poder Judicial, un total de 881 cargos, de una lista de 3 mil 400 aspirantes.

Fueron insuficientes 60 días, para que los candidatos fueran conocidos por la ciudadanía, supieran de sus trayectorias y menos aún valoraran si votar por ellos el primero de junio, será la mejor opción y eso garantizará un cambio profundo en el Poder Judicial, como pretenden quienes promovieron la reforma judicial, con el argumento de acabar con vicios y corrupción que dañan a la sociedad en su conjunto.

A tres días de las elecciones, una gran mayoría ignora quiénes son los candidatos, a qué cargos aspiran y menos aún, los han visto en campaña.

El Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dice que sólo un 0.28 por ciento de los ciudadanos ha seguido en redes sociales a alguno de los 63 aspirantes a uno de los nueve espacios en juego.

Indica, además, que el 58.7 por ciento de los candidatos no cuenta con carrera judicial y un 70 por ciento carece de especialización en temas como el medio ambiente, derechos de pueblos indígenas o de personas con alguna discapacidad.

Y, si a eso le agregamos la lista de 12 candidatos a algún cargo como magistrado o juez, vinculados con grupos del crimen organizado o los seis que tienen relación con la secta “La Luz del Mundo”, de Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos por abuso infantil, el ánimo ciudadano se reduce más para que la elección del domingo próximo tenga una participación masiva.

Tan complicado está el asunto, que nadie garantiza que los métodos tradicionales de coacción institucional al voto, tenga el efecto deseado. Los “promovidos” que exigieron a empleados del gobierno tampoco han garantizado su presencia en las urnas.

No obstante, está claro que, a menor participación en las urnas, mayor garantía de triunfo de los candidatos “oficiales”, lo cual de ninguna manera garantiza concretar el espíritu que le dio vida a la reforma judicial (acabar con abusos, nepotismo y corrupción) y a que el pueblo bueno y sabio decida en las urnas quiénes sean sus juzgadores.

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